El Desafío de la Superación

Marcos Papais

Es un hecho reconocible aquel que, desde los años posteriores a la crisis económica de 2001-2002, marca la exigüidad de la Inversión Extranjera Directa (IED) en Argentina a pesar de sus holgadas tasas de crecimiento económico del 8,5-9 % anual que se dieron entre 2003 y 2007. Paralelamente, creciendo al más moderado ritmo del 4-4,5 % anual, Brasil, Chile, Colombia y México han captado cifras de inversiones foráneas más portentosas[1], especialmente si se las mide en relación al volumen de inversión global de sus economías. En este contexto, sería erróneo afirmar sin más que el crecimiento económico en un país obedece a la presencia de IED que recibe. Otros factores tales como el aumento de los precios de los commodities que el país produce o la recuperación y ampliación de la producción industrial sustentada en el incremento del consumo interno, son factibles de causar una sostenida expansión económica. Tal es el caso de Argentina.
Sin embargo, el entusiasmo originado en un presente auspicioso lejos está de encontrarse en una posición segura en el mediano plazo. Si bien la expansión de la economía argentina desde el fin de la crisis económica de 2001-2002 ha prescindido de altas tasas de IED, la preocupación más significativa se ha centrado paulatinamente en la disposición de los actores económicos instalados en reinvertir su capital y encarar proyectos de expansión de su capacidad productiva. Es aquí donde, indefectiblemente, la noción de “entorno favorable” juega plenamente su rol.
Habitualmente, tendemos a tomar el concepto de “entorno favorable” en una dimensión genérica, y como consecuencia, incurrimos en ambigüedades en relación a la comprensión del medio y en nuestras ideas de lo que debería ser y debería hacerse. Por ello, primeramente, es perentorio establecer en relación a qué condiciones y objetivos de la actividad económica se corresponde configurar un entorno favorable; y en segundo lugar, inquirir en qué medida un entorno dado posibilita o limita el desarrollo de determinada actividad económica y sucesivamente, a qué destino se atañen las inversiones que propicia. Es en la política económica estatal donde recae la composición de esta tarea.
Max Weber, en sus estudios sobre el origen del capitalismo moderno[2], define los caracteres capitales de la política económica estatal: continuidad y consecuencia. Asimismo, considera que es el capitalismo orientado en el sentido de las posibilidades automáticas de mercado, al que bien denomina “racional”, aquel que históricamente se convierte en objeto de la política económica estatal. Bajo estas premisas se sigue que la sustentabilidad de un entorno favorable requiere de condiciones institucionales, culturales y macroeconómicas estables, ausencia de deliberados factores distorsivos y la orientación hacia el desarrollo económico sustentado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas y la inversión en I+D antes que en las actividades centradas en la especulación. Esto es trascendental para comprender por qué en el reciente pasado de Argentina, a pesar de la existencia de un marco atrayente de inversiones del exterior, el éxito fue seguido de un irremontable ocaso del régimen de convertibilidad cambiaria y de las actividades que se cimentaban en las oportunidades de lucro que la paridad cambiaria fomentaba; cuando ésta pasó de ser un factor de estabilidad a uno de distorsión que socavaba su misma base de sustento. Posteriormente, la ruptura de las normas, producto de la crisis, así como, desde entonces, las indefiniciones de los actores de la política, las instituciones y la economía; limitaron la capacidad de atracción de inversiones extranjeras directas e indirectas pese al contexto regional favorable a éstas desde el año 2004.
La consolidación de instituciones sólidas, siendo cometido de la política económica estatal, es un proceso cuyas perspectivas de alcanzar continuidad temporal, confianza entre los actores interesados y finalmente, éxito en sus propósitos, ha de avanzar inicialmente en la disolución de los elementos que corroen su asiento y eficacia. Actualmente, abordar estos elementos conlleva explorar diversos componentes de la “institucionalidad”, que engloba, según Ruby Hernández[3], dos dimensiones: la organizacional y la legal. Los más imperiosos son:
∙Organizacionales:
→Organismos del Estado (Agencias de promoción, entes de control, banca pública, agencias de información –INDEC-);
→Mercados (Financiero, de servicios, de los diversos bienes de consumo, de bienes de capital);
→Costumbres (Prácticas de lobby, tráfico de influencias).
∙Legales:
→Leyes (Calculabilidad y racionalidad del sistema legal);
→Contratos (Definición de nuevas condiciones en los contratos que unen al sector público con el privado).
En tanto se encauce la disposición de las instituciones a su función de transmitir y viabilizar la política económica estatal, y se asegure su adecuación a dinámica económica global y a un sistema legal cuya racionalidad y estabilidad aseguren su calculabilidad en la proyección de las actividades económicas; se estará actuando en pos del arreglo de un entorno favorable promisorio para la expansión y la innovación de las empresas, así como receptivo a la IED y a los préstamos internacionales. La distancia entre este escenario y el contexto institucional actual se mide, por ende, en la resolución existente para: renegociar contratos de servicios públicos; introducir reformas en el sistema financiero en beneficio del otorgamiento de créditos para la financiación de emprendimientos productivos e innovación tecnológica; aligerar las exigencias para el establecimiento de inversiones foráneas en el país; establecer mecanismos coordinadores e instancias de negociación para facilitar las relaciones entre empresas y sindicatos; o asegurar un sistema de información estadística minucioso y confiable, entre otros cuidados.

El desarrollo de un entorno favorable instaura paulatinamente entre las instituciones y la sociedad una paradoja inherente a nuestro tiempo. Por un lado, sucede que las instituciones cobran tradicionalmente una imagen de eficiencia y fiabilidad ante la sociedad como corolario de su probada autoridad para conducir exitosamente las funciones reguladoras del Estado. Como contrapartida, en tanto predomine lo que autores como Zygmunt Bauman[4] designan la “política económica de la incertidumbre”, ésta tenderá a desarticular las reglas que aseguraban las seguridades de los individuos. En un contexto global en el cual con el fin de crear entornos favorables, los estados, progresivamente, se acogen a flexibilizar las legislaciones e instrumentos institucionales que afirman la seguridad de que aquello que el individuo ha obtenido seguirá en su poder; la certeza que diferencia lo razonable de lo insensato y lo confiable de lo engañoso; y la protección ante los peligros externos al individuo; se cultiva entre los individuos la “desconfianza existencial corrosiva” que redunda en el individuo la idea de que todo problema que se le enfrenta es “personal”, por lo cual, no tendrá razón de reclamar ni reparará, mucho menos, su emergencia social.
La inseguridad endémica que así se genera se vuelve prontamente contra las instituciones, puesto que, en tanto los problemas que el individuo experimenta no sean acogibles por las instituciones, los individuos las considerarán distantes e incapaces de proveerles respuestas, lo que se manifiesta en el apartamiento de los individuos de los asuntos públicos. Así, en los sistemas democráticos se sucede el avance de prácticas autoritarias en la política que perturban notablemente la supervivencia de instituciones sólidas. Necesitada de convocar el apoyo en las urnas de una opinión pública indiferente, la clase política acude a la movilización por asuntos polémicos, mas de escaso peso en el tratamiento de las cuestiones de fondo que la política ha de resolver. A la ausencia de debate por las cuestiones de fondo se subsigue la inhabilidad en proponer respuestas a las problemáticas institucionales, culturales y macroeconómicas que llevan a una nación a un punto crítico, tal como ha sido observado últimamente en el caso de la crisis económica, política y cultural de Italia.
Correspondientemente, al carecerse de una perspectiva social de los problemas vivenciados por los individuos, la integridad de la mismísima sociedad saldrá lesionada como producto del sentimiento de desafección de sus integrantes hacia ella. De esta integridad estriba la fortaleza de la sociedad civil, insustituible pilar de asiento de la “democracia como forma de vida”[5] y espacio de despliegue de las instituciones.
Ensayar una salida a nuestra crisis institucional parece en este escenario una tarea ingente ante la cual tenemos dos alternativas. Esperar la llegada de un líder carismático bienintencionado, conociendo de antemano que ello nos acercará más aún a la anomia y a las consecuencias más negativas del mundo presente; o, como nos lo ha sugerido Karl Popper, entender que Orden Democrático y Economía de Mercado son una pareja dada a las posibilidades de experimentación. Fortaleciendo las virtudes que conocemos, y procurando no destruir las seguridades pese a todo, nos acercará, tal vez, por esa vía, a un futuro deseable para las generaciones que vendrán.

[1] Infobae.com, jueves 8 de mayo de 2008.
[2] WEBER, Max: “Historia Económica General” Cap. 8.b. Fondo de Cultura Económica. Ciudad de México, 1964.
[3] HERNÁNDEZ, Ruby D.: “Desarrollo Económico. Las Industrias de Tecnología Avanzada” Págs. 181-184. UNSaM, Jorge Baudino Ediciones. Buenos Aires, 2004.
[4] BAUMAN, Zygmunt: “En busca de la política” Págs. 24-27 y 180-184. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2007.
[5] DAHRENDORF, Ralf: “En busca de un nuevo orden”. Ed. Paidos. Buenos Aires, 2005.