Borrador

Borrador

Con la llegada de nuevas elecciones quedan en evidencia, a partir de cierta intuición para el elector, y como resultado del raciocinio práctico de los políticos, dos fenómenos fundamentales. Primeramente, y esto es lo que directamente percibe el elector a raíz de su experiencia, el apoyo a una formación política determinada, así como la voluntad de involucrarse en su militancia parecen ser hechos inconstantes, contradictorios, y en su sucesión, le dejan molestas confusiones difícilmente solubles. Aún tratándose del apoyo inquebrantable continuado en varias etapas de la vida, e incluso heredado, por un líder o una estructura capaz de ejercer un liderazgo emocional e intelectual; tampoco se garantizaría la ausencia de contradicción o inconstancia, pues si se trata de un personaje o una estructura cabalmente implicada en el gobierno, las tensiones entre el mandato de las ideas, los proyectos, y las instancias singulares de decisión bajo presión de los acontecimientos, acarrean un sinnúmero de acciones que serán vistas desde lo moderado en la polémica acerca de su razonabilidad, hasta desde el extremo como sacrilegio. Es lo que Ralf Dahrendorf[1] hace conocer como "Individualización de los electores", pues no son otra cosa que masa circunstancial que apoya a un partido, atraída por sentimientos que los candidatos suscitan, promesas electorales que convocan la fe de un elector desdichado o como suele suceder cuando las urgencias no acechan frecuentemente, la imagen confortante del minimalista que es visto como incapaz de emprender acciones peligrosas para la manutención de la estabilidad de las condiciones económicas. El elector que compone ocasionalmente esta masa, tal ha sido dicho renglones arriba, probablemente sea torpe para explicar el sentido de cada una de sus elecciones a lo largo de un período prolongado de años.
En segundo lugar, aquello que Max Weber[2] acusaba como una característica intrincada del sistema político norteamericano hacia finales del s. XIX, donde observaba que disposición de los partidos, conformados por un aparato cuasi-burocrático bajo las directivas de los bosses, estaba orientada a la consecución del poder como herramienta de acceso a los cargos de la administración del estado. A tal fin, los partidos se encolumnarían tras el líder y las posiciones sobre cuestiones de gobierno que exhibieran un mayor ajuste a ese agregado polimórfico de actitudes, estados de ánimo y creencias individuales manifestadas por la población adulta, la joya de los estadísticos de la política que conocemos como public opinion. Dahrendorf, ya en el siglo XXI, reconoce que esta ligazón de la política a temas concretos y situaciones puntuales constituye una problemática creciente para la democracia. Bajo este imperativo, los intereses que el ciudadano habría de llevar al gobierno a través de la tenaz representación parlamentaria, como lo exigiría al dogma liberal, insólitamente recorrerían este camino. La sumisión de la política de campaña a la figura creada de la opinión pública conlleva la transmisión de los intereses directamente desde la interpretación estadística de un agregado polimórfico, es decir, la agenda de quienes buscan representar estaría ocupada según lo que la exégesis certificada por la comunidad de los cientistas y estadísticos de la política se traiga. Suele ocurrir que cuando se intenta hacer patente al público un hecho, se convoca a la consideración de la opinión pública. Análogamente, puesto que hoy ya no existen los ciudadanos de Bristol[3] , sino la "opinión pública" de Bristol, si se reviviera a Edmund Burke para que nos deleitara con su remembrado discurso, en la medida que esté aggiornado le negaría a la opinión pública la subordinación de su juicio a las manifestaciones que de ella emanaran; y con toda probabilidad, más de un ciudadano vería en él a un esperanzador cruzado contra la política degradada, mas, sin lugar a dudas recibiría la misma bofetada que en 1774, sólo que esta vez propinada por la opinión pública.
A partir de estos dos fenómenos intrínsicamente ligados, la "individualización" de los electores y el sujetamiento creciente de la política a temas y situaciones puntuales, surge la tragicomedia que domina el escenario político en campaña permanente. En este sentido, la figura de Ross Perot como candidato presidencial ha sido paradigmática. (En 1992, en medio de la disputa entre George Bush y Bill Clinton, surgió un candidato independiente con inusitada presencia en las encuestas. Un estilo directo, frontal, llevó a Ross Perot, en el término de dos meses, de encontrar apoyo en poco más del 10 % de los encuestados a liderar los sondeos con cifras de alrededor del 40 %. Sin embargo, las suspicacias ante ciertas posiciones que manifestaba se convirtieron pronto en rumores asoladores. Una vez que alcanzó vertiginosamente su cumbre, la velocidad de caída le fue más deprisa aún. Un mes más tarde, aún lejos de la fecha de elecciones, su candidatura se había derrumbado). La referencia de Zygmunt Bauman[4] a las comunidades "de guardarropa" como aquellas que se sustentan en una extraordinaria inversión emocional en un designio de existencia precaria e incierta, de vida breve y plena de fervor; presenta una definición atinada para referirse a la política oficiada por los políticos en campaña. Es evidente que toda campaña está dirigida con el solo propósito de acceder a la conducción del poder o ganar una cuota de participación en él, pero resulta novedosa la universalización del aflojamiento de los fines programáticos de los partidos como contenidos propositivos de los candidatos. Perot sostuvo mientras duró su candidatura una enfática apuesta al "cambio" en la orientación y los lineamientos de los discursos de campaña, destacaba Mariano Grondona[5] en una columna internacional de la época, y en tanto no tuvo que manifestar posiciones concretas y sistemáticas en torno a asuntos polémicos de la macropolítica, la tenacidad y el ardor de su convocatoria pasmaba a sus rivales políticos directos, quienes todavía ajustaban su candidatura al molde tradicional de la dicotomía liberal-conservative. La lección que dejó Perot a republicanos, y principalmente, de la manera exitosa en que finalmente se dio, a democrátas, apuntaba Grondona, fue la necesidad de reorientar su discurso hacia una renovación en los lineamientos generales de sus propuestas; un hecho que, visto aquello que reparaba Max Weber casi un siglo antes, no aparentaba aportar novedad. Sin embargo, la experiencia dejaba muy en claro que de allí en más la supervivencia en la contienda política requería encontrar un endeble equilibrio entre la permanencia a largo plazo, así como la profundidad y razonabilidad de la propuesta, lo que era solventado por el lineamiento programático; y por otro lado, el imperativo que significaba la demanda de descolocante innovación por parte de la opinión pública. Se trata de un equilibrio cuyo efecto no es inmediato, pues una elección no se gana en una medición intermedia de la intención de voto; pero en término de meses, en la medida en que el período de campaña llega a su fin, la conservación de una cifra significativa de las preferencias que quede sellada en el último sondeo tiende a influir decisivamente sobre los resultados del día siguiente en la medida en que las pasiones de última hora se levanten para facilitar, contrarrestar o frenar la performance del candidato que se ha convertido en el destinatario de las mismas, el personaje más denostado o el más preconizado [6] . Al cabo, el lugar que debe tomar el candidato es aquel que le permite percatarse de cómo hay que inducir a la esperanza o al desengaño en cuanto el contrincante se enclave en el rol del imán que concita la fe en una nueva era o el minimalista que infunde sosiego; máxime si es quien debe defender la continuidad del partido gobernante de los embates de un reformador, instancia en la que de ser el rival bien tratado por la opinión pública, habrá de recurrir a una compleja trama de descalificación del ideal de "cambio" del otro y de oferta de variación razonable y satisfactoria en los lineamientos y acciones políticas tanto como en su conducción.
La "individualización", como particularidad de la relación entre el individuo y la política, se afirma en un curso de vida en el cual agudamente se resumen en el individuo las presiones propias de la producción y la expresión en la vida social. La experiencia vital tiende a verse como destino, pero no como destino colectivo, sino individual; por lo cual todo conflicto generado a partir de la postración y el escepticismo busca una resolución individual; como lo propone Dahrendorf, en un camino que empieza por la opción de recurrir a las oportunidades de la sociedad abierta, esto es, utilizando dichas oportunidades -la educación, la disponibilidad de fuerza física y capital económico, la práctica, los ofrecimientos- en función de asignaciones a riesgo, y que concluye en la iniciciación en las más variadas formas de delito. La inhibición del conflicto social se asocia con la ausencia de esperanzas en el género colectivo, en el caso extremo de la apatía que la relegación instala. Zygmunt Bauman, así como Richard Sennett, convergen en la percepción del ciudadano "individualizado" conduciéndose respecto de la política cual lo hace un consumidor en relación a un servicio. El ciudadano exige del Estado, y por ende, del político que lo dirige, los servicios "prometidos", que no se tratan exclusivamente de los derechos que en la teoría política se expresan como constitucionales, humanos o básicos. Uno de los deberes inherentes al Estado, es precisamente aquel de proporcionar seguridad. En un sentido amplio, la seguridad que el ciudadano espera del político es el enérgico compromiso en garantizar la no intromisión del "otro" (de otro país en el devenir nacional, del gobierno nacional u otro gobierno regional en los asuntos privativos de la región, del Estado en las actividades económicas privadas y en la vida privada -excepto cuando se teme al "enemigo terrorista", para vigilar al vecino sospechoso-, del delincuente en la apacible vida hogareña), y expresado tersamente en lenguaje hobbesiano, en sosegar en el ciudadano el terror a la muerte. Asimismo, se cuentan aquellas obligaciones referidas a asegurar la convivencia ordenada en la comunidad y a coordinar su organización (por ejemplo, aquella área fenomenalmente polémica en los municipios: el "ordenamiento urbano", que agrupa el uso de la vía pública, el tránsito, las construcciones, los espacios verdes, los espectáculos, etc...). El bienestar social y la provisión y/o la regulación en los sistemas de salud y educación, siendo el Estado el órgano que debe proveerlos, regularlos y evaluarlos, o bien, sólo regularlos y evaluarlos -en razón de si se involucra o delega en entes privados su provisión-, constituyen espacios donde el ejercicio del gobierno y la legislación por parte de los políticos debe concentrar esfuerzos significativos, así como también móviles de toda pronunciación obsequiosa o descalificante de campaña. Por su parte, en cuanto es reconocida la limitación del poder político sobre la esfera de relaciones y acciones económicas, las expectativas acerca del rol del político en la dinámica de las condiciones económicas de vida se degradan a meras esperanzas de fe electoral. Sin embargo, irónicamente, esas mismas esperanzas son exigidas cual deberes incumplidos cuando la marcha económica se resiente, y acaba siendo el político, el gobierno y/o la clase política quien carga con las culpas ante la mirada contrariada de la opinión pública. La voluntad y el interés del individuo se revelan en su disposición a "aportar puntualmente su pago" (los impuestos, el servicio militar o social, y cualquier otro deber del ciudadano para con el Estado), a subordinarse y a no desafiar la autoridad de quien ejerce el gobierno a cambio de que las obligaciones del Estado con él sean satisfechas de la manera en que lo espera. Las exigencias son la regla por cuanto los servicios prometidos, las obligaciones del Estado, no suponen la más mínima renuncia sin que entrañe la desconfianza y la reprobación de los responsables políticos del Estado y su estructura burocrática de ejecución. En consecuencia, los reclamos por los servicios incumplidos serán indefectibles, mas, si las problemáticas generales de existencia en las que las fallas de suministro se producen, se concentran intrínsecamente en la aflicción del individuo, dichos reclamos jamás trascenderán para dar lugar a un cuestionamiento global del sistema de suministro (la desacreditación del Estado por su ausencia) ni a un mayor interés por involucrarse en la responsabilidad de generar las políticas de suministro ni de supervisar su ejecución.

Marcos Papais, Mayo de 2007

[1] Dahrendorf, Ralf (2005): “En busca de un nuevo orden” Ed. Paidós, Barcelona.

[2] Weber, Max: “Economía y Sociedad” Ediciones varias.

[3] Burke, Edmund: “Speech to the Electors at Bristol”

[4] Bauman, Zygmunt (2003): “Modernidad Líquida”. FCE, Ciudad de México.

[5] Grondona, Mariano: “Auge y caída de Ross Perot” en Grondona, M (1996): “El mundo en clave”. Planeta, Buenos Aires.

[6] No es otra cosa lo que sucede cuando se conocen los resultados finales del acto eleccionario y se los compara insidiosamente con los números que dejaron las encuestas.

Todos los personajes en el primer aniversario de "Non progredi est regredi"

Marzo 08 Abril 08 Mayo 08 Junio 08 Julio 08 Agosto 08 Septiembre 08


Octubre 08 Noviembre 08 Diciembre 08 -Personaje de 2008- Enero 09 Febrero 09

Personaje del Mes

Febrero

SLUMDOG MILLIONAIRE

Personaje del Mes

ENERO

XXXI RALLY DAKAR ARGENTINA-CHILE. El Enero argentino, un mes consagrado al solaz y trazado por la intranscendencia de los sucesos que en su transcurso acontecen, deparó indistintamente a argentinos pobres y ricos, cuyanos, patagónicos o bonaerenses, la atracción por las infernales máquinas que rastrillaron durante 15 días los suelos argentinos y chilenos. El Personaje del Mes no presume ser edificante, sino antes bien representativo del espíritu del mes que le toca. En este caso, pequeño y frívolo...

Andiam. Incominciate!

Y un día, llegó la “Inauguration”… Ha transcurrido un año de aquella gélida jornada de los caucus en Iowa, cuando una bocanada del viento de las praderas hizo una y dio brío a ignotas fogatas tímidamente encendidas y desperdigadas por blogs y redes sociales. No en vano, el tiempo de espera se ha dado a la par de la diversidad de sueños y emociones que construyeron su espíritu y provocaron su indómita agitación. Al cabo, hoy se ha producido la puesta de imperial sobriedad que a aquella espera clausura y consagra en un corpóreo fin. De ninguna otra manera habría adquirido el acto significación de totalidad si no fuera por la magnificencia de las formas que los imperios conocen: la frugalidad de las trazas transmitiendo apertura, la firmeza de las columnas, la tersura de los estandartes y la sacralidad de las costumbres. Conceden valor, demuestran fortaleza, pero, en tanto, aleccionan que el más vasto poder es también el más limitado; que el hombre es hacedor de su momento sólo a partir de haberse postrado frente a la historia, de haber abrevado en el juramento sobre la Biblia de Lincoln, en el pastel de manzanas de Lincoln, y en los desfiles. Allí, donde Barack ha sido por una vez Adriano y Marco Aurelio, han debido templar las cuerdas que ensayarán de ahora en más la agraciada melodía. Carentes de frivolidades, tropicalismos y mesianismos, pues así se muestran los deseos cumplidos. Entonces, las esperanzas, que habían emergido de reprimidas pasiones, cedieron su lugar a la más razonable expectación. La obra está en marcha.

Marcos Papais

PERSONAJE DEL AÑO

2008

BARACK OBAMA (el Hombre). Como personaje del año, una propuesta poco original. Copiar la foto de la portada de "People" o "Time", por más aplicación puesta en la consecuente reflexión, es neta cursilería. Sin embargo, ¿había otra opción que contuviera tanto entusiasmo, esperanza, anhelo de millones de personas en el mundo? En junio presenté a Obama, el "fenómeno", esa imagen que se reproduce infinitamente a lo largo de meses a lo largo y ancho del mundo, pero también, ese entusiasmo, esperanza y anhelo encarnado en seres reales. Obama, el "Hombre", representaría no tanto lo que hemos vivido de Obama, sino ese conjunto de cualidades y sombras que generaron la transformación de un hombre en fenómeno, y contra el irredimimble ascenso y ocaso de las pasiones, su concreción en una voluntad, un actor, inscrito en la historia en curso. Especialmente, se trata de un hombre que comprende cuál es el lugar de las personas, los valores y las decisiones, así como el derrotero de las instituciones junto a los individuos que produjeron, quienes a su vez las moldearon. Al cabo, le he llegado a reconocer dos atributos. El primero, su capacidad de desglosar las opiniones de las personas de su condición como tales, y por ende, soslayar aquella clase de juicios correlativos que aprueban todo o descalifican sin salvedades a nuestros pares. El segundo, una visión que ha sido la que ha conducido a este blog desde que decidí abrirlo, formulada en tiempos de batallas electorales: "Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek".

Personaje del Mes

DICIEMBRE

LOS ZAPATOS DE MUNTADHAR AL-ZAIDI, lanzados por su dueño, un ignoto periodista iraquí que consiguió así estar en boca del mundo entero. Excepto para una región del globo, donde se lo ha visto como un suceso liberador, el hecho no ha sido más que anécdota. De momento, un ciudadano de una nación ocupada ejecutó sobre el líder de los ocupantes el reto que un maestro sabe darle a su díscolo discípulo. En sus 8 años de presidente, paupérrimo ha sido su aprendizaje, y nada, ya en el instante del zapatazo, le produjo un chispazo de reflexión. Así, nunca llegará el 20 de enero habiendo sentido y movido G.W.B., alguna vez, con los zapatos sobre la cabeza.

El Federalismo, un modelo “Do It Yourself”

El federalismo es, en principio, un sistema de gobierno en el cual la autoridad se encuentra dividida en al menos dos niveles: el estadual, el cual representa al estado de cada sub-unidad territorial de la federación; y el federal, sobre el cual recae el estado central que agrupa a todas las sub-unidades territoriales. De esta manera, los poderes y competencias para el gobierno del país son repartidos entre el estado central, cuyas decisiones involucran a todas sus sub-unidades constitutivas; y las sub-unidades territoriales, las cuales gozan, individualmente, de autonomía (no soberanía) para tomar decisiones que serán válidas sólo dentro de su ámbito de injerencia, pero reconocidas por sus pares y por el estado central.

Es privativo del federalismo que los poderes y competencias resulten constitucionalmente imposibles de ser alteradas unilateralmente, sea por una o varias sub-unidades o por el estado central; contrastando con los otros dos sistemas de gobierno reconocidos:

-El Unitarismo, en el cual la autoridad descentralizada es posible de ser revocada por el estado central;

-El Confederalismo, donde la autoridad sólo puede ser cedida desde las sub-unidades al estado central, en carácter provisional; encontrándose las sub-unidades en dominio de su soberanía, y por ende, facultadas de abandonar unilateralmente la asociación.

Existen tres principios básicos sobre los que se yergue el federalismo:

-Federalismo fiscal (El federalismo fiscal se constituye en un marco normativo para la asignación de recursos del estado federal a las sub-unidades, atendiendo a la provisión local de bienes públicos);

-Subsidiariedad (Este principio consagra el deber de permanecer un poder o competencia bajo el domino de las sub-unidades, siempre y cuando su transferencia al estado federal no asegure fehacientemente mejor eficiencia comparativa o efectividad en el cumplimiento de su función);

-Justicia distributiva (A través del principio de justicia distributiva, el estado federal cumple la función de redistribuir los recursos generados en virtud de ecualizar las diferencias de desarrollo entre regiones. En determinadas ocasiones, la aplicación de este principio se contradice con el resguardo a la autonomía de las sub-unidades, entre las cuales las más solventes promueven el fortalecimiento de su autonomía y el mayor usufructo de los recursos que generan. La posibilidad de negociación entre estos intereses contrapuestos, en esencia instituye, según los autores de “El Federalista”, una salvaguarda a la “división igualitaria de la propiedad”).

Los intereses de las sub-unidades, por su parte, encuentran canal de expresión a través de la participación de las sub-unidades en los procesos decisorios federales (desde el Gabinete, la Cámara Baja o la Cámara Alta).

La construcción de un orden político federal se ha abordado diversamente en cada estado nacional, quien, atendiendo a tradiciones, coyunturas, necesidades y objetivos disímiles en permanente cambio desde su establecimiento hasta el presente, ha creado un modelo propio de orden federal con caracteres vernáculos. En principio, el punto de partida para el estado federal puede sobrevenir en ocasión de:

1- Estados independientes que se asocian, cediendo o juntando competencias en determinada área gubernativa que por sí solos no pueden satisfacer. -“Coming together”- (EEUU, Suiza, Australia, Argentina);

2- Un estado originalmente unitario que da reconocimiento a las partes que lo conforman y comparte competencias -“Holding together”- (India, Bélgica, Canadá).

Por otro lado, en virtud de significativas diferencias lingüísticas y culturales entre regiones, la división de competencias puede discriminar entre sub-unidades más cercanas y más lejanas a la identidad nacional mayoritaria. Esta característica, conocida como “federalismo asimétrico”, supone la concesión de competencias más amplias en determinadas áreas de administración a las sub-unidades con diferencias culturales más acentuadas con el fin de proteger su integración en la federación. Contrariamente, cuando la distribución de competencias es idéntica en todas las sub-unidades, se habla de “federalismo simétrico”.

En lo sucesivo, se reconstruirán dos modelos federalistas alternativos, los de Canadá y Estados Unidos, proponiendo hacia el final una somera lectura del sistema federal argentino en contraste con los anteriores.

El Federalismo en Canadá

La introducción de una constitución federal en Canadá estuvo motivada por la necesidad de conciliar la diversidad que marcaban sus partes (Ontario, Québec y las colonias marítimas de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick), y especialmente, para facilitar la coexistencia de comunidades lingüísticas inglesas y francesas. Ergo, la primera carta magna canadiense, que data de 1867 (British North America Act), ensayó la fusión de un sistema político británico tradicional que reproducía el sistema de gobierno británico colonial hacia el interior del estado canadiense con principios descentralizadores federalistas. El principio de la federación es la cesión de poderes desde el estado federal a las sub-unidades –provincias- (“holding together”)[1], estableciendo a éstas -y no al estado federal- como los órganos con poderes limitados, marcando un punto de contraste esencial respecto a otras federaciones. Así, se observa que la constitución canadiense confiere explícitamente a las provincias 16 poderes (Art. 92), mientras que al estado federal le reserva una serie de 29 áreas especificadas más todas aquellas que queden fuera de los 16 poderes concedidos a las provincias (Art. 91).

Entre las competencias provinciales se encuentran las de administración de justicia, regulación y celebración del matrimonio, creación de empresas y cooperativas de crédito, imposición directa, administración del sistema de salud, administración municipal, protección al consumidor, propiedad y derecho civil; con extensas facultades en los dos últimos. Asimismo, según el artículo 95 de la misma constitución, se establece jurisdicción legislativa compartida entre el estado federal y las provincias (“concurrent powers”) en materia de agricultura e inmigración. Como contrapartida, el estado federal legisla sobre derecho penal y de procedimientos, tasación, emisión de moneda, sistema bancario, aborígenes, sistema penitenciario, transportes, endeudamiento público, defensa, regulación del intercambio y comercio, seguro de desempleo y derecho de familia. La exclusión de las relaciones exteriores como un área de competencia federal en el texto constitucional de 1867 se debe a que éstas recién fueron cedidas por parte de Gran Bretaña en 1931, por intermedio del Estatuto de Westminster.

Un fenómeno peculiar del federalismo canadiense lo representan las potestades de gasto (“spending powers”) del estado federal y las provincias. Si bien la constitución prohíbe que desde el estado federal se legisle sobre áreas

reguladas exclusivamente por las provincias y viceversa, no impide expresamente que unos destinen partidas presupuestarias para gastos en áreas de competencia de otros, es decir, cada gobierno (federal, provincial) puede gastar fuera de su jurisdicción. Ciertamente, figura a primera vista ser una mera laguna constitucional; sin embargo, esta posibilidad dada a todos los niveles de gobierno ha largamente sostenido políticas de promoción, desarrollo y bienestar promovidas por el gobierno federal, siendo el renombrado programa de seguro médico universal (Medicare) uno de los mejores ejemplos de ello.

La relación entre el estado federal y las provincias da cuenta de la supremacía del primero sobre las segundas en el marco de un sistema político clásico británico ajustado a la situación colonial de Canadá. De esta suerte, se halla que:

-El jefe de estado de las provincias es el “Teniente-Gobernador” (Lieutenant-Governor), designado, pagado y removido por el gobierno federal; reproduciendo de esta manera al Jefe de Estado de cada colonia británica, el Gobernador, designado por el Monarca británico;

-Los senadores, quienes se supone representan a los estados provinciales, son designados y removidos por el

gobierno federal. Aunque en este aspecto no ilustra fielmente a la cámara alta británica (Cámara de los Lores), si se le asemeja en gran medida en tanto sus miembros no son elegidos por sufragio ciudadano;

-El poder de “reserva” (reservation), por el cual un Teniente-Gobernador goza de la potestad de poner en “reserva” leyes provinciales para su ulterior revisión por parte del Gabinete federal;

-El poder de “desautorización” (disallowance), que puede ejercer el Gabinete federal al rechazar una ley provincial, sin necesidad de ser puesta en “reserva” por el Teniente-Gobernador de la provincia en cuestión;

-El poder de “declaratoria” (declaratory power), cuya función es facultar al gobierno federal a emplazar una obra o emprendimiento en jurisdicción provincial o municipal con fundamento en la conveniencia al bien común; [2]

-La autoridad de control del gobierno federal sobre los órganos judiciales superiores, tanto federales como provinciales.

Esta supremacía parece desdibujarse en lo concerniente a las finanzas públicas. Aquí, la participación de los estados provinciales y municipales en la generación de ingresos públicos representa el 60 % de estos, de modo que

los estados provinciales tienden a financiar satisfactoriamente sus presupuestos por sí mismos. En adición, el principio de federalismo fiscal se implementa satisfactoriamente en el país, concentrándose antes en la solución de las disparidades interregionales que en el sostenimiento de los presupuestos provinciales. Para ello, recurrirá a cuatro mecanismos de transferencia fiscal:

-Transferencias impositivas (Tax points / Tax transfers), que consisten en la cesión del derecho a cobro de algunos impuestos desde el estado federal a las provincias. Los impuestos cuyo cobro se cede son aquellos de carácter directo, puesto que son los únicos que ambos niveles pueden imponer –los impuestos indirectos están vedados a los estados provinciales-;

-Subsidios condicionados (Conditional grants), utilizados para solventar políticas provinciales específicas bajo cumplimiento de condiciones demandadas por la administración federal. Dado que la falta a dichas condiciones motiva el cese de la subvención, esta herramienta de transferencia lleva como corolario la influencia política de la administración federal sobre la provincial.

-Subsidios en bloque (Block grants), carentes de condicionamientos para su abono, ungen de discrecionalidad su empleo.

-Retribuciones de Igualación (Equalization payments), introducidos en 1957 para solventar los gastos en servicios públicos de las provincias económicamente menos favorecidas y subdesarrolladas en relación al resto. El propósito fundamental es garantizar que la amplitud y la calidad de los servicios públicos en estas provincias consigan equiparar a los de las provincias más desarrolladas. Por su carencia de condicionamientos, se confunden con los subsidios en bloque.

La historia del federalismo canadiense reconoce cuatro etapas en relación a los procesos de centralización y descentralización que afectan a las federaciones. Dos son de centralización (1867-1885 y 1930-1960), y dos de descentralización (1885-1930 y 1960 en adelante), habiendo sido motivadas por contextos políticos, económicos y sociales internos y externos, así como por la evolución del pensamiento acerca de la administración del estado. En base a estas cuatro etapas y dos procesos, Pierre Trudeau, quien fuera Primer Ministro de Canadá entre 1968 y

1979, y luego entre 1980 y 1984, construye su “Teoría del Péndulo” (The Pendulum Theory), la cual enuncia que las etapas de centralización y descentralización que se siguen unas a otras se neutralizarán, logrando la mayor armonía entre el estado federal y las provincias (equalization). Sin embargo, Bélanger (2001f) argumenta que aquello que más ha impactado en las posiciones de los niveles de administración en cuestión ha sido la expansión de las funciones y la cobertura del estado sobre la vida social, provocando un refuerzo en sus posiciones. A largo plazo, admite, las mejores posibilidades del estado federal de expandir su gasto lo afirmarán en una posición cada vez más preponderante en la federación.

En la etapa centralizadora de 1867-1885, mientras las elites políticas y judiciales revistieron al parlamento federal de poderes más extensos y el gobierno estuvo determinado a explotar sus poderes de reserva y desautorización, reforzando la subordinación de las provincias a Ottawa. Posteriormente, en tiempos de las grandes conflagraciones mundiales se incrementaron los poderes de tasación (mediante la introducción de impuestos a los ingresos, en la década de 1910) y le fueron quitadas competencias a las provincias en busca de consolidar el alcance del estado de bienestar (el seguro de desempleo, por ejemplo). En simultáneo, el establecimiento del estado de bienestar en la

etapa centralizadora de 1930-1960 introdujo mecanismos más asiduos y estables de asociación y cooperación entre el estado federal, las provincias y los municipios. Desde entonces y hasta la actualidad se han constituido medios formales como los “Departamentos de Asuntos Intergubernamentales” (departments of intergovernmental affairs) –en actividad permanente-, “Conferencias de Premieres y Primer Ministro” (First Minister’s Conferences) –tradicionalmente de convocatoria anual-, y el “Consejo de la Federación” (Council of the Federation) –permanente, integrado por los premieres de las provincias-.

A partir de 1960, una etapa de descentralización que alcanza el presente ha generado cambios sustanciales en el estado canadiense. En lo tocante a las reformas constitucionales, desde 1982 –por la Constitution Act of 1982, que se adosa a la British North America Act de 1867- quedó asentado el derecho de las provincias a ser consultado su consentimiento a toda reforma constitucional que involucre su territorio, competencias e intereses (anteriormente, el parlamento federal podía recurrir a reformar unilateralmente la carta magna). En esa misma norma se asienta, además, mayor dominio de las provincias sobre sus recursos naturales. La devolución de poderes a las provincias se ha operado sistemáticamente especialmente con los gobiernos que sucedieron al de Pierre Trudeau.

Canadá es un estado pluricultural y plurilingüístico en el cual el reconocimiento de las diferencias y los derechos de las minorías ha operado desde su existencia como unidad política. El caso de Québec resulta, en tal aspecto, el ejemplo más conocido. Las libertades especiales autorizadas a esta provincia permitieron la instauración del francés como único idioma oficial a nivel de la administración provincial y la independencia de su representación cultural oficial ante el mundo. A la vez, el estado canadiense se constituyó en bilingüe en atención a la importante minoría francófona. El grado de autonomía de Québec casi se reduce a este aspecto, puesto que, como provincia, no dispone de autonomía política superior a la del resto; y en concreto, su situación en la federación es irregular, teniendo en cuenta que es la única provincia que aún no ha avalado la Constitucional Act de 1982.

Resultado de reclamos de origen más reciente, la creación del territorio de Nunavut en 1999 ha sido la consagración de la afirmación de la identidad de las comunidades indígenas del ártico canadiense. En este territorio, con potestades análogas a las de las provincias, el Inuktitut y el Inuinnaqtun, idiomas hablados por los la mayoría inuit de la región, fueron instituidos oficiales junto al inglés y el francés. Más aún, se ha avanzado en la introducción de costumbres y procedimientos de decisión gubernamental propios de la usanza inuit, dando

preferencia a las decisiones basadas en el consenso sobre el tipo de decisión por voluntad mayoritaria.

El Federalismo en Estados Unidos

Los Estados Unidos conforman una república federal desde la promulgación de la Constitución de 1787, en la cual se optó por un sistema federal frente al sistema confederal vigente desde la promulgación de los “Articles of Confederation and Perpetual Union” el año siguiente a la independencia, en 1777. La institución del estado federal fue obra de la cesión de poderes y la renuncia a la soberanía por parte de los estados de la confederación, tratándose, por ende, de una federación “coming together”.

Los poderes conferidos al estado federal estadounidense están limitados a los enunciados en la sección octava del primer capítulo de la constitución: política monetaria; préstamos públicos federales; regulación del comercio entre estados, tribus indígenas, y entre los EEUU y otros países; inmigración y naturalización; correos; patentes; sistema judicial federal; política exterior y defensa, entre otros. Los poderes de los estados (sub-unidades) resultan de los

que no han sido incluidos en este artículo ni se les han expresamente prohibido en la sección décima del mismo artículo, principio confirmado por la enmienda nº 10. Al tratarse EEUU de una federación simétrica, las facultades concedidas a los estados son las mismas para todos.

A diferencia de lo que sucede en Canadá, los niveles de la administración en EEUU se encuentran íntegramente separados unos de otros, con poderes ejecutivos y legislativos cuyos miembros son elegidos, en los estados y los municipios, sólo por los electores de su distrito. El sistema judicial, por otro lado, funciona independientemente en cada uno de sus niveles (federal, estadual, municipal), reconociendo al interior de éste su máxima autoridad.

La participación de los estados en el gobierno federal se canaliza en el Senado, cuyos miembros representan a los estados de las sub-unidades (concretamente, estados) en la administración federal. Si bien actualmente son elegidos por sufragio popular, al igual que los representantes, durante poco más de un siglo, hasta principios del s. XX, eran designados por la legislatura del estado que representaban.

Bajo estos lineamientos se desenvuelve originalmente el sistema federal norteamericano, cuya primera etapa (1789-1861) estará trazada por el “federalismo dual”. Éste consiste en la concesión al estado federal y a las

sub-unidades de competencias excluyentes entre sí, en el marco de las cuales cada nivel goza de autonomía para su gobierno. Con todo, la relación entre los niveles de administración tiende a resultar ríspida, pues desde el comienzo surge constante competencia por acaparar las áreas que quedaron fuera de la distribución, o bien, aparecen intentos por excederse en el manejo de las competencias.

La segunda etapa (1861-1930) fue el contexto en el que se produjo el desarrollo posterior a la guerra civil y, a principios del s. XX, en el que se llevaron adelante las transformaciones institucionales democratizadoras de la Era Progresiva (Progressive Era). La guerra civil había demostrado que el respeto a la diversidad de los estados no aseguraba la consecución del ideal de libertad, sino que, en muchos casos, atentaba contra éste. Al mismo tiempo, la complejidad creciente de la vida social y la estructura económica demandaba un paulatino incremento en el ejercicio del rol regulador y de provisión de servicios públicos del estado. Así, el estado federal, con la misión de conducir las reformas progresivas a todos los estados, asumió tareas más complejas de regulación y reforma económica, tornándose a fines del s. XIX en el principal promotor del desarrollo económico, asumido en la tarea de corregir el desbalance observable entre crecimiento económico y libertad personal. Fue entonces que varios

cuerpos de las administraciones de los estados quedaron en control del estado federal (como las autoridades de ferrocarriles) y se produjeron algunas innovaciones, como la imposición de una tasa a los ingresos en 1913, o los primeros subsidios destinados a mitigar la deuda social de la modernidad, en la década de 1920. En aquel tiempo, la instrumentación de subsidios era calificada “voluntaria” para los estados según la Corte Suprema, por lo cual no se reconocían jurisdicciones federales ni estaduales en la materia.

La etapa siguiente (1930-1960) estuvo marcada por la Gran Depresión, el New Deal, la segunda guerra mundial y la posguerra, y en cuanto al sistema federal norteamericano, por un novedoso salto hacia el “federalismo cooperativo” (cooperative federalism), fundado en la cooperación intensiva entre el estado federal, los estados y los municipios para la aplicación de programas que propiciaran el desarrollo y asegurasen mejor calidad de vida. La distribución de competencias comenzó a resultar menos nítida que en el “federalismo dual”, y la presencia del estado federal se multiplicó en áreas antes reservadas a las administraciones estaduales (relaciones labortales, agricultura) o previamente ajenas a la acción estatal. La nueva separación de competencias fue simbolizada por la

marble cake (torta marmolada), remarcándose el entramado de poderes y funciones, confuso, en oposición a la layer cake (torta de capas), distintiva de los poderes divididos en el “federalismo dual”.

La posibilidad de reforzar la presencia del estado federal se sustentó mayormente en la extendida capacidad de fijar impuestos no coparticipables a los estados instituida por la enmienda nº 16. Por tanto, el estado federal se valió de esos fondos para financiar programas conducidos por los estados bajo su supervisión –tomaron forma los “subsidios de ayuda” o “subsidios categóricos” (grants in aid, categorical grants)-, una innovación cuya utilización se consolidará en las futuras décadas.

El “federalismo creativo” (Creative federalism) se desarrolló entre 1960 y 1980, proponiendo abordar una solución definitiva a las cuestiones de la segregación racial y económica. Ergo, hizo hincapié en los “subsidios categóricos” y en la organización de nexos y programas conjuntos en todos los niveles de la administración, financiados por los

“project grants” (subsidios para proyectos específicos). La explosión de proyectos llevó en numerosas ocasiones a la superposición y a la incompatibilidad, pero, por otra parte, formó un cuerpo de administradores idóneos en los estados, en quienes se apoyó, posteriormente, el proceso “devolutivo” que se inició en la década de 1980. Desde entonces, en la etapa conocida como del “nuevo federalismo”, se ha procedido paulatinamente a la devolución de competencias a los estados, reduciendo el control federal de los programas de subsidios y reformulando la concurrencia del estado federal en el gasto público destinado al bienestar. La devolución de facultades no ha sido precisamente un proceso uniforme. Aunque haya habido traspasos de programas federales a los estados, con sus correspondientes fondos, también se ha apelado a la práctica de conceder “subsidios en bloque” (block grants), qu

e no son más que fondos girados sin un objeto de gasto preestablecido. Sin embargo, la escasez de fondos federales y la ejecución de recortes presupuestarios acabaron, últimamente, levantando restricciones a la forma en que los mismos se aplican.

El federalismo en Argentina, ¿ser o no ser?

En un sistema federal relativamente “atemperado” como el argentino, se ha coincidido que la reforma constitucional de 1994 ha reforzado los principios de federalismo a raíz de la modificación del sistema financiero, la autonomía municipal, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la concesión de potestades a las provincias en materia internacional, la propiedad provincial de los recursos naturales, la modificación del régimen financiero,

reconociéndoles a las provincias el derecho concurrente a establecer impuestos indirectos.

Contrariamente, Garat (2008), suscribe a la idea de que Argentina se está desfederalizando, presentando sus causas: la crisis permanente del Tesoro Nacional, la cual explicaría la mutación de la distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias; la ausencia de idearios federalistas en los partidos políticos; la concentración y el consiguiente despoblamiento poblacional; el “estado de emergencia” permanente del estado federal y los provinciales.

Es evidente que, a pesar de haberse expresado la voluntad de descentralización por medio de la modificación de algunas normas, el federalismo argentino se las ha arreglado en los últimos 20 años para enredarse en un

atolladero de difícil salida. El punto está en llegar a un acuerdo en torno a la preferencia por una forma de estado más centralizada o una más descentralizada, pues actualmente se ha avanzado en la cesión de competencias del estado federal a los provinciales allí donde se produce el gasto público, mas no ha sido igual derrotero que siguieron las competencias de recaudación. Más del 60% del ingreso público es recaudado por el estado federal, y desde allí, distribuido. Si se lo compara con Canadá, la situación es de proporcionalidad inversa, lo cual, sin duda, trae aparejado mayor poderío económico del estado federal. En la medida en que éste extienda el alcance de sus tributos dejándolos afuera del sistema de coparticipación federal, las provincias seguirán más dificultadas de cubrir su expandido gasto e intensificarán su dependencia del estado federal.

Son conocidos y se admiten fundados los temores de ineficacia de los estados provinciales. Por eso, tanto Canadá como EEUU nos ofrecen fructuosas experiencias de las cuales aprender a afrontar esta coyuntura. Los conditional grants son un asunto pendiente en Argentina, y ciertamente, es incalculable el efecto positivo que tendrían en las administraciones provinciales, que ante la necesidad de demostrar avances y mejoras en la calidad de los servicios públicos para continuar accediendo a mayores fondos, podrían interesarse en mejorar su funcionamiento y auto-superarse. Los equalization payments podrían, a su vez, contribuir al progreso de las provincias más a

trasadas; o, a través de los projects grants se atacarían sistemática y constantemente contextos económicos y sociales críticos, evitando que la atención de los mismos sea apenas un tópico más de un presupuesto público, el cual, por naturaleza, se inclina por privilegiar el cálculo político antes que la necesidad. Mal que nos pese, todas estas posibilidades sólo serían factibles si se optara por un sistema de recaudación descentralizado, que provea a las provincias de recursos inmediatos para la atención de su gasto. Puntualmente, Canadá nos muestra que el éxito del federalismo fiscal, la justicia distributiva y la solidaridad parten de un presupuesto irrebatible: que las sub-unidades hayan podido primeramente satisfacer el máximo posible de sus gastos por sus propios ingresos.

Marcos Papais

---

[1] Aún así, persiste el desacuerdo acerca de si Canadá es una federación “holding together” o “coming together”. Eventualmente, la conformación del Canadá federal en 1867 parte de la incorporación progresiva de varias colonias (Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Columbia Británica, Manitota, Isla Príncipe Eduardo, Terranova) a un estado original, la Provincia Unida de Canadá, creada en 1840 y compuesta por Alta Canadá (Ontario) y Baja Canadá (Québec), que, a su vez, fue una conveniente división para facilitar la convivencia entre colonos británicos y franceses tras la victoria británica en la Guerra de los Siete Años.

[2] Pese a estar presentes en la constitución, estos tres poderes enunciados con anterioridad (reservation, disallowance, declaratory power) fueron con el tiempo excluidos en la práctica.

Bibliografía

-Bélanger, C. (2001a) “Canadian federalism and the Spending Power of the Canadian Parliament”. En Internet: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/federal/spending.htm

-Bélanger, C. (2001b) “Comparing Canadian and American Federalism” En Internet: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/federal/compare.htm

-Bélanger, C. (2001c) “Confederation Pact Theory” En Internet: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/federal/1867pact.htm

-Bélanger, C. (2001d) “Equalization Payments” En Internet: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger

/quebechistory/events/equalize.htm

-Bélanger, C. (2001e) “Federalism” En Internet: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/readings/federal.htm

-Bélanger, C. (2001f) “The Pendulum Theory” En Internet: http://faculty.marianopolis.edu/c.belanger/quebechistory/federal/pendulum.htm

-Frías, P.J. (2008) “El Federalismo Argentino” En Internet: www.acaderc.org.ar/doctrina/articulos/artelfederalismoargentino/at_download/file

-Garat, P. M. (2006) “El federalismo argentino y la crisis de su estrado federal” en Cuaderno de federalismo, Vol. Nº 19. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2006.

-Ladenheim, K. (1999) “History of US Federalism”. En internet: http://www.cas.sc.edu/poli/courses/scgov/History_of_Federalism.htm

-Makarenko, J. (2008) “Federalism in Canada: Basic Framework and Operation”. En internet: http://www.mapleleafweb.com/features/federalism-canada-basic-framework-and-operation

-Sabsay, D.A. (1999) “El Federalismo Argentino. Reflexiones luego de la Reforma Constitucional” en Agulla, J.

C. (comp.), Ciencias Sociales: Presencia y Continuidades. Academia Nacional de Ciencias. Instituto de Derecho Público, Ciencia Política y Sociología. Buenos Aires, 1999, pp. 425-438. En Internet: http://www.farn.org.ar/docs/a01/art1_f.html

-Constitución de la Nación Argentina. En Internet: http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_nacional.pdf

-The Constitution Act, 1867 (Canadá). En Internet: http://laws.justice.gc.ca/en/const/index.html

-The Constitution Act, 1982 (Canadá). En Internet: http://laws.justice.gc.ca/en/const/index.html

-United States Constitution. En Internet: http://www.law.cornell.edu/constitution/constitution.overview.html

Personaje del Mes

NOVIEMBRE

Las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones). Otrora exitosas organizaciones henchidas de recursos, hoy en agonía. Festejos por su anunciado final, al compás de la marcha peronista, y acusaciones de robo contra el chivo expiatorio de todos los tiempos (el Estado) han llenado de escenas de histrionismo el debate público. Sin embargo, poco a poco se percibe consenso acerca del fracaso de estas organizaciones en su labor de gestionar eficientemente el ahorro de los adultos para su bienestar futuro. Sumado a la culpa del Estado, que las forzó a comprar títulos públicos que tarde o temprano devaluaron, el propósito de éstas ha quedado denostado ante la evidente filtración de la seguridad del bienestar por la especulación financiera. Al cabo, se ha ganado otra oportunidad de restaurar la solidaridad intergeneracional como medio de estabilidad y tranquilidad, un principio fundamental de comunidad. El deseo es que nada lo distorsione.

Personaje del Mes (OCTUBRE)

Personaje del Mes

OCTUBRE

CHARLES PRINCE y ANGELO MOZILO, dos protagonistas de la crisis financiera que tiene al mundo en ansiosa expectación. Son dos padres de familia, dos asalariados, dos hombres que viven el presente del “American Dream” perdiendo sus empleos. Son conscientes de la implosión de la época, mas nada temen. Grotescos, son los últimos compradores de la botella de Stevenson; gozosamente dispuestos a no poder deshacerse jamás de ella. El primero, ex CEO de Countrywide, el segundo, ex CEO de Citigroup, se vistieron con las ropas de Suharto, Mobutu y Trujillo anhelando embeberse del espíritu de sus parasitarios talentos, para no ser más que unos potenciados truhanes, de esos que hormiguean por los hipódromos prometiendo discernimiento y seguro triunfo a los despistados novatos en las apuestas. Son también, el instrumento de estructuras de conducción mal concebidas, opuestas a la sensatez, a la continuidad, a la responsabilidad. Mozilo y Prince, con obsecuencia, omitieron reconocer los problemas que habían ocasionado, y, con todo, cumplieron la máxima de socializar las pérdidas. La historia ya la conocemos: quiebras, despidos, salvavidas pagados por los carpinteros y plomeros, y premios, sí, premios, como Trujillo, Mobutu y Suharto, cuyas contribuciones a la humanidad deben ser impagables. Centenares de millones de dólares, para no ser menos en un encuentro con Baby Doc en algún café de la Côte d'Azur.